El límite a las rentas en las zonas tensionadas (22%) y la inseguridad jurídica (66,3%) derivados de la nueva Ley de Vivienda podrían llevar a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado del alquiler y buscar otras opciones de negocio.

Esto supondría la desaparición del mercado de más 108.500 viviendas que actualmente están alquiladas, o lo que es lo mismo, la oferta se reduciría un 11,7% en España, un país con una oferta de pisos de alquiler cada vez más escasa.

Por detrás de estos dos motivos principales, encontramos una tercera causa, la actualización de las rentas por debajo del IPC, un tema que preocupa a un 11,8% de los propietarios que tienen actualmente una vivienda arrendada.

Una vez finalizado el contrato de alquiler vigente, un 7,7% de los propietarios se plantea la venta de la vivienda, mientras que un 4% baraja otras opciones como, por ejemplo, el arrendamiento para uso distinto al de vivienda (esto puede ser el alquiler turístico o el alquiler de temporada, inferior a 11 meses).

Limitaciones al precio que permite la Ley
La nueva Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda fija para 2024 una subida máxima del precio del alquiler anual del 3% para todos los contratos en vigor, independientemente de las características del tenedor. El 25 de mayo se publicó en el BOE y es una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Otras limitaciones al precio del alquiler que establece la legislación son: Beneficios fiscales o uranísticos para las viviendas de titularidad privada con alquiler a precio reducido.
Declaración de zonas de mercado residencial tensionado durante un período prorrogable de 3 años para poder aplicar medidas de reducción del alquiler.
A partir de 2025, nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento en sustitución del IPC que evite incrementos desproporcionados en las rentas.

En las zonas declaradas como tensionadas, la norma prevé la posibilidad de prórroga extraordinaria anual para el arrendatario tras la finalización del contrato en curso. En nuevos contratos a nuevos inquilinos, la ley permite la limitación del alquiler a la renta del contrato anterior, así como la posibilidad de aplicar los límites de los sistemas de índices de precios de referencia también a las viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos cinco años. Asimismo, se establece la posibilidad de aprobar sistemas de índices de precios de referencia por ámbitos territoriales estableciendo una base de datos de contratos de alquiler para realizar seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.

Otras medidas previstas en nueva ley son las mejoras para fortalecer el equilibrio en las relaciones entre arrendador y arrendatario, protección contra desahucios y nueva definición de gran propietario y vivienda vacía.